¡El periodico, La Conexión, gracias otra vez por publicar mi articulo!

Un panel de congresistas testificaron en contra del mandato para la cobertura de anticonceptivos en los seguros, y diez líderes religiosos recibieron invitaciones a participar. ¿Qué está mal en este escenario?

Mientras comentaristas y otros representantes del Congreso se han quejado de que la mayoría de los panelistas fueron hombres (8 junto a 2 mujeres), sus afiliaciones religiosas y el tema de la separación del estado y la iglesia han traído un problema más profundo.  Debido a la idea errónea de que el mandato sobre la anticoncepción es únicamente una cuestión acerca de la libertad religiosa, se ha minimizado el hecho de que si uno no es miembro de una organización religiosa, sus libertades sí pueden ser pisoteadas al ser obligado a adquirir el seguro, pues después de todo “no habría una creencia religiosa de por medio que lo impida.”

La realidad es que mandatos como estos, son una intromisión en la libertad de todos nosotros, creyentes o no por igual. Si algunas personas desean usar anticonceptivos, está bien, pues esa es su decisión, al igual que la de quienes no los quieren. Sin embargo, para la personas que no desean usarlos o pagar por éstos, incluso si el mandato no constituyera el establecimiento de una religión, contrario a la Primera Enmienda, esto sí viola su libertad de elección.

Posiblemente los proponentes no han pensado en las implicaciones de la implementación del mandato. ¿Quieren ellos realmente después perseguir a las personas, religiosas o contrarias a los anticonceptivos, que pasarían a contratar seguros médicos que no proveen anticonceptivos sin ningún cargo, como si esta decisión fuese un delito?

Cuando se observa así problema, el ataque a personas inocentes resulta totalmente absurdo. Por ejemplo, ¿acaso usted llamaría a la policía? “Esta persona compró un seguro sin cobertura de anticonceptivos; ¡debe detenerlos!” Por supuesto que no, y cosas como esas son definitivamente contrarias a lo que en “la tierra de la libertad” deberían suceder.

Para hacer el problema aún peor, el ordenar la provisión sin costo al consumo, invita innecesariamente al uso excesivo. Y con esta violación a la libre elección se perpetuará la elevación en los costos médicos, ya que al incrementar su uso, el precio por los anticonceptivos se terminará pagando de una y otra forma en el costo del seguro, haciendo así a los seguros aún menos accesibles. Forzar a las personas a pagar por cosas que de otro modo podrían decidir o no tenerlas, es después de todo un impuesto.

Si la asequibilidad y disponibilidad de fármacos fuera la preocupación real de los legisladores federales, ellos adoptarían mejores opciones que no violen la libertad individual. Podrían, por ejemplo, permitir importaciones de Canadá y otros países –promesa incumplida del ahora presidente Barack Obama- lo cual reduciría rápidamente los precios.

Desafortunadamente, los funcionarios federales han escogido lo contrario, y un control desatinado e ingeniería social parecen ser sus objetivos. Desde la imposición de los nuggets de pollo a los niños de cuatro años en las escuelas a la persecución de un granjero por vender leche despasteurizada, todo indica ser parte de un fuerte patrón de intervenciones gubernamentales desmedidas en nuestra vida privada. Como personas libres que somos, esto debe ser denunciado y resistido.

Fergus Hodgson es el director de la unidad del estudio de política fiscal en John Locke Foundation y  asesor de política en The Future of Freedom Foundation. Traducido por Alexandra Veloz Velástegui.